Prensa Latina
A lo largo de los
últimos 30 días, el mediterráneo Paraguay se estremeció como si altas
olas golpearan con fuerza mayúscula a unas inexistentes costas
oceánicas.
El todavía joven proceso democrático que sustituyó a la larga noche de 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) sufrió un quiebre fatal con una suerte de golpe de Estado parlamentario destinado a desalojar del poder al presidente constitucional, Fernando Lugo, el pasado 22 de junio.
Una entente secreta de los dos grandes partidos tradicionales con otras fuerzas de derecha y el denunciado visto bueno de Estados Unidos, junto a importantes intereses económicos locales y transnacionales, destinó apenas poco más de 24 horas para llevar adelante un juicio político y la destitución de Lugo a sólo nueve meses de las próximas elecciones generales.
Un jefe de Estado electo por el voto popular que, de acuerdo a las investigaciones de opinión pública divulgadas en esos días, continuaba encabezando la aceptación de la población, contó para su defensa ante cargos presentados sin pruebas de apenas dos horas frente a un enfebrecido Congreso opositor.
La transmisión televisiva en directo de lo que estaba sucediendo permitió mostrar dos caras de aquel episodio: un sustituto de Lugo ya presente en los pasillos del Congreso, quien apenas debió esperar unos minutos para ceñirse la banda presidencial, y una multitud en la plaza contigua protestando por el golpe y contenida por miles de efectivos policiales y militares.
Todo fue posible debido al acuerdo alcanzado por el opositor Partido Colorado con el sector del Partido Liberal Radical Auténtico que hasta ese momento formó parte de la coalición de gobierno, mediante el cual un Ejecutivo liberal estará en el poder hasta agosto del 2013 para dar paso al nuevo Presidente que sea elegido.
La facilidad conque se desarrollaron los acontecimientos para los conjurados al lograr cierto nivel de sorpresa en el orden interno no resultó nada parecido al rechazo cosechado a nivel internacional que aún se mantiene.
Incluso una gestión de buena voluntad desarrollada por cancilleres de 11 países de Unasur viajó a Asunción para ayudar a evitar la ruptura de la institucionalidad democrática, pero sus esfuerzos no fueron atendidos por quienes ya habían decidido destituir a Lugo.
¿Qué sucedió en ese aspecto internacional durante los últimos 30 dias? Inicialmente, Cumbres de Jefes de Estado y Gobierno del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)- instancias integracionistas a las cuales pertenecía Paraguay- sancionaron el golpe.
Los dos bloques, en reuniones separadas, determinaron la suspensión de Paraguay como Estado miembro hasta que el país retorne al camino democrático y, por lo menos, otros gobernantes hayan sido electos en los señalados comicios de abril del 2013 con toma de posesión en agosto del mismo año.
El cese del suministro de petróleo en condiciones muy favorables por parte de Venezuela que cubría el 30 por ciento de las necesidades paraguayas, fue inútilmente minimizado por los gobernantes que, desde siempre, atacaron con artillería pesada al presidente Hugo Chávez a pesar de la abultada deuda existente con Caracas por la factura del crudo.
Aunque se evitaron sanciones económicas perjudiciales para la población fue imposible evitar que las determinaciones tuvieran un impacto grande en los vínculos de distinto tipo existentes con las naciones suramericanas y con otras del Continente.
Un número importante de las sedes diplomáticas de los Estados con los cuales la nación tiene relaciones quedaron huérfanas de embajadores, pues fueron retirados por sus respectivos gobiernos, muchos de los cuales no reconocen a Federico Franco, el actual ocupante del Palacio de López.
Franco volvió sus ojos hacia Estados Unidos y hacia la débil Organización de Estados Americanos (OEA) buscando apoyo para salir del apuro, pero aunque ambos le respondieron positivamente, eso nada influyó en su aislamiento, pues se trata de un gobierno reconocido públicamente apenas por otros tres, todos de fuera del área latinoamericana y caribeña.
Una delegación del Parlamento Europeo, en la cual tenía cifradas muchas esperanzas, pasó por Asunción casi sin penas ni glorias, aunque no dejó de calificar de expedito el juicio a Lugo y remitió para el plenario de septiembre próximo una resolución, " si se llega a adoptar", como dijo su jefe.
A la hora de escribir estas líneas, la cancillería paraguaya lanza campanas al viento asegurando que se frustró cualquier intento de una sanción por la OEA, aunque será la próxima semana que se celebre la sesión donde se adoptarán los acuerdos definitivos.
El panorama interno también está plagado de preocupaciones para los ejecutores del desalojo de Lugo del poder.
La economía registrará, según se informó ya oficialmente, un importante retroceso de 2,9 por ciento, las inversiones extranjeras no están precisamente en su mejor momento y algunas de ellas, como la propuesta por la empresa canadiense Río Tinto, productora de aluminio, se considera una verdadera cesión de la soberanía por las facilidades que exige.
Los problemas provenientes del injusto sistema de tenencia de la tierra se ven multiplicados ante la decisión oficial de no tocar ni una hectárea de los enormes latifundios, en buena parte malhabidos, que reclaman las decenas de miles de familias campesinas sin tierra, al borde del desespero.
La "limpieza" de empleados y funcionarios del gobierno anterior que se está llevando a cabo en todos los organismos es un mentís a las promesas de evitar represalias por razones políticas o ideológicas.
Otro elemento a tomar en consideración es la reorganización en curso de las fuerzas de izquierda y el surgimiento de nuevas estructuras de lucha pacífica que comienzan a hacerse sentir en las calles.
Este es el Paraguay a la vista apenas 30 dias después de que se dijera adiós, por lo menos por el momento, al hilo democrático, roto en el hemiciclo parlamentario.
El todavía joven proceso democrático que sustituyó a la larga noche de 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) sufrió un quiebre fatal con una suerte de golpe de Estado parlamentario destinado a desalojar del poder al presidente constitucional, Fernando Lugo, el pasado 22 de junio.
Una entente secreta de los dos grandes partidos tradicionales con otras fuerzas de derecha y el denunciado visto bueno de Estados Unidos, junto a importantes intereses económicos locales y transnacionales, destinó apenas poco más de 24 horas para llevar adelante un juicio político y la destitución de Lugo a sólo nueve meses de las próximas elecciones generales.
Un jefe de Estado electo por el voto popular que, de acuerdo a las investigaciones de opinión pública divulgadas en esos días, continuaba encabezando la aceptación de la población, contó para su defensa ante cargos presentados sin pruebas de apenas dos horas frente a un enfebrecido Congreso opositor.
La transmisión televisiva en directo de lo que estaba sucediendo permitió mostrar dos caras de aquel episodio: un sustituto de Lugo ya presente en los pasillos del Congreso, quien apenas debió esperar unos minutos para ceñirse la banda presidencial, y una multitud en la plaza contigua protestando por el golpe y contenida por miles de efectivos policiales y militares.
Todo fue posible debido al acuerdo alcanzado por el opositor Partido Colorado con el sector del Partido Liberal Radical Auténtico que hasta ese momento formó parte de la coalición de gobierno, mediante el cual un Ejecutivo liberal estará en el poder hasta agosto del 2013 para dar paso al nuevo Presidente que sea elegido.
La facilidad conque se desarrollaron los acontecimientos para los conjurados al lograr cierto nivel de sorpresa en el orden interno no resultó nada parecido al rechazo cosechado a nivel internacional que aún se mantiene.
Incluso una gestión de buena voluntad desarrollada por cancilleres de 11 países de Unasur viajó a Asunción para ayudar a evitar la ruptura de la institucionalidad democrática, pero sus esfuerzos no fueron atendidos por quienes ya habían decidido destituir a Lugo.
¿Qué sucedió en ese aspecto internacional durante los últimos 30 dias? Inicialmente, Cumbres de Jefes de Estado y Gobierno del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)- instancias integracionistas a las cuales pertenecía Paraguay- sancionaron el golpe.
Los dos bloques, en reuniones separadas, determinaron la suspensión de Paraguay como Estado miembro hasta que el país retorne al camino democrático y, por lo menos, otros gobernantes hayan sido electos en los señalados comicios de abril del 2013 con toma de posesión en agosto del mismo año.
El cese del suministro de petróleo en condiciones muy favorables por parte de Venezuela que cubría el 30 por ciento de las necesidades paraguayas, fue inútilmente minimizado por los gobernantes que, desde siempre, atacaron con artillería pesada al presidente Hugo Chávez a pesar de la abultada deuda existente con Caracas por la factura del crudo.
Aunque se evitaron sanciones económicas perjudiciales para la población fue imposible evitar que las determinaciones tuvieran un impacto grande en los vínculos de distinto tipo existentes con las naciones suramericanas y con otras del Continente.
Un número importante de las sedes diplomáticas de los Estados con los cuales la nación tiene relaciones quedaron huérfanas de embajadores, pues fueron retirados por sus respectivos gobiernos, muchos de los cuales no reconocen a Federico Franco, el actual ocupante del Palacio de López.
Franco volvió sus ojos hacia Estados Unidos y hacia la débil Organización de Estados Americanos (OEA) buscando apoyo para salir del apuro, pero aunque ambos le respondieron positivamente, eso nada influyó en su aislamiento, pues se trata de un gobierno reconocido públicamente apenas por otros tres, todos de fuera del área latinoamericana y caribeña.
Una delegación del Parlamento Europeo, en la cual tenía cifradas muchas esperanzas, pasó por Asunción casi sin penas ni glorias, aunque no dejó de calificar de expedito el juicio a Lugo y remitió para el plenario de septiembre próximo una resolución, " si se llega a adoptar", como dijo su jefe.
A la hora de escribir estas líneas, la cancillería paraguaya lanza campanas al viento asegurando que se frustró cualquier intento de una sanción por la OEA, aunque será la próxima semana que se celebre la sesión donde se adoptarán los acuerdos definitivos.
El panorama interno también está plagado de preocupaciones para los ejecutores del desalojo de Lugo del poder.
La economía registrará, según se informó ya oficialmente, un importante retroceso de 2,9 por ciento, las inversiones extranjeras no están precisamente en su mejor momento y algunas de ellas, como la propuesta por la empresa canadiense Río Tinto, productora de aluminio, se considera una verdadera cesión de la soberanía por las facilidades que exige.
Los problemas provenientes del injusto sistema de tenencia de la tierra se ven multiplicados ante la decisión oficial de no tocar ni una hectárea de los enormes latifundios, en buena parte malhabidos, que reclaman las decenas de miles de familias campesinas sin tierra, al borde del desespero.
La "limpieza" de empleados y funcionarios del gobierno anterior que se está llevando a cabo en todos los organismos es un mentís a las promesas de evitar represalias por razones políticas o ideológicas.
Otro elemento a tomar en consideración es la reorganización en curso de las fuerzas de izquierda y el surgimiento de nuevas estructuras de lucha pacífica que comienzan a hacerse sentir en las calles.
Este es el Paraguay a la vista apenas 30 dias después de que se dijera adiós, por lo menos por el momento, al hilo democrático, roto en el hemiciclo parlamentario.
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